Igualdad ha inadmitido todas las denuncias internas del buzón que abrió Irene Montero

El 21 de febrero de 2023, con Irene Montero al frente del gabinete, el Ministerio de Igualdad abrió un canal interno para la presentación de denuncias sobre infracciones administrativas graves y muy graves, así como delitos y acciones u omisiones del Derecho de la Unión Europea o el menoscabo de los Fondos de la UE o el mercado interior, cuando los hechos se hayan producido en el ámbito de una relación profesional con el departamento. Un año después, se han presentado 35 denuncias, pero todas han sido inadmitidas.

Así lo admite el gabinete en una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE. En esta, Ignacio Sola, subsecretario del ramo, reconoce que «hasta la fecha se han presentado 35 comunicaciones, todas ellas han sido objeto de inadmisión al tratarse de hechos que no estaban incluidos en el ámbito de la norma por no ser constitutivos de infracción del ordenamiento jurídico incluida en el ámbito de aplicación de la norma» y «por no ser denunciados por personas incluidas en el ámbito de la norma al no tratarse de denunciantes con una relación laboral o profesional con el Ministerio de Igualdad».

Es decir, que han sido desestimadas bien por no someterse a los criterios de Igualdad o por proceder de gente externa al Ministerio. Pero en la resolución no se aclara cuántas han sido desechadas por cada uno de estos dos motivos.

Estas denuncias se pueden presentar por escrito o de manera verbal. Para estas últimas, se debe cargar un archivo de voz relatando los hechos «con el mayor detalle posible». «Usted podrá, si lo desea, identificarse, identificar a la persona o personas afectadas, indicar el lugar de los hechos, indicar cuándo han ocurrido los hechos o si aún no han tenido lugar. También podrá aportar pruebas o documentación relevante», indica el canal de Igualdad.

Pese a que este medio solicitaba el número de denuncias desglosadas por meses, Igualdad no ha tenido a bien facilitar este dato, de modo que no sabemos cuántas fueron registradas en la etapa de Irene Montero (nueve meses desde que se abrió el canal) y cuántas durante la de Ana Redondo al frente del Ministerio (cinco meses).

El canal

El sistema de Igualdad tiene como finalidad «servir de cauce preferente de recepción de la información para que los posibles casos de fraude y otras irregularidades, dentro del ámbito de aplicación de la Ley 2/2023, y que afecten a las competencias del Ministerio, sean conocidos cuanto antes por los responsables del mismo». Siempre garantizando, en teoría, el anonimato del denunciante.

La ley en la que se fundamenta tiene como objetivo «otorgar la protección adecuada frente a las represalias a las personas que informen sobre acciones u omisiones que constituyan vulneraciones del ordenamiento jurídico y fortalecer la cultura de la información mediante el establecimiento de un sistema de información que incluye el canal, la persona responsable y el procedimiento de gestión de informaciones, constituyendo las garantías y los aspectos mínimos que ha de satisfacer el sistema, incluido el tratamiento de datos de carácter personal y la publicidad».

El éxodo

Este canal se abrió tras la polémica sobre las condiciones internas del Ministerio de Igualdad durante la etapa de Irene Montero al frente del mismo. Cabe recordar, en este sentido, que este medio adelantó cómo uno de cada tres funcionarios pidieron su traslado a otro organismo del Gobierno. 55 trabajadores en algo más de dos años y medio, lo que suponía todo un éxodo: un funcionario al mes.

Ese más de medio centenar de exiliados dejó su puesto en Igualdad para ocupar un puesto en otro Ministerio, organismo, órgano o administración, «cualquiera que sea el método de provisión, incluyendo comisión de servicios y adscripción provisional, durante esta legislatura». Estos no contaron con un canal interno para denunciar infracciones administrativas u otras situaciones irregulares, pero hubiese cambiado poco: todas son inadmitidas.