Lo que realmente esconde el «no a la guerra», y no te va a gustar

España, con Pedro Sánchez Pérez-Castejón en la Moncloa, se ha convertido en un verso libre que preocupa en Europa en los últimos años y más que por nuestra convulsa situación interna, que también, sobre todo por sus decisiones en materia de política exterior.

Ya lo explicamos en otro artículo: este Gobierno carece de una política exterior en sentido estricto. Lo que hay son golpes de timón y decisiones personales que nada tienen que ver con la defensa de intereses nacionales, ni siquiera con el seguidismo a Bruselas. Su repentino e inesperado giro respecto al Sáhara Occidental, dejando atrás el tradicional apoyo al pueblo saharaui y cierta neutralidad formal como mediador justo, no ha reportado beneficios aparentes en nuestras relaciones con Marruecos y sí un distanciamiento con Argelia, nuestro principal proveedor de gas natural.

Luego vino el reconocimiento unilateral de Palestina, que, a diferencia del pueblo saharaui, sí merecía el cumplimiento de las resoluciones de la ONU hacia una solución de dos Estados. La indignación selectiva de nuestro Gobierno se distanció de la prudencia de otras capitales como París (que acabó reconociéndola más tarde) o Alemania (que sigue sin hacerlo).

En cuanto a China, y aquí comienza el verdadero distanciamiento con nuestro entorno regional, el Gobierno de Sánchez Pérez-Castejón se ha convertido en el principal interlocutor del régimen comunista en Europa. Desde 2023, nuestro presidente visita una vez al año Pekín. El último viaje sirvió para estrechar aún más los lazos entre ambos países, en una apuesta que parece ir más allá de lo comercial e incluso de la multilateralidad propia de estos tiempos, con imprevisibles consecuencias geopolíticas para España.

Por muy llamativo que nos parezca este súbito interés por China, el expediente que más distancia a España de Europa es el relativo a Venezuela. Mientras las condenas al régimen chavista se sucedían en todas las capitales del viejo continente, primero tras la grosera manipulación de las últimas elecciones y, sobre todo, después por la violenta represión de las protestas, nuestro Gobierno se contentaba con exhibir una cínica equidistancia hacia las partes enfrentadas, ayudando incluso a orquestar la salida hacia España del líder opositor, verdadero vencedor en los comicios. Eso sí, cuando no dudó en pedir respeto al pueblo venezolano y al derecho internacional fue con la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses: ahí sí dejó la ambigüedad a un lado para posicionarse totalmente en contra de Washington.

Lo mismo hizo cuando Donald Trump decidió atacar a Irán de la mano de Benjamin Netanyahu. Aquí realmente no podemos hablar de un distanciamiento estratégico tan grande respecto a sus socios europeos, pero sí dialéctico. El Gobierno de Sánchez Pérez-Castejón ha jugado irresponsablemente con las cartas antiamericana y antisraelí para movilizar de nuevo a la izquierda, recuperando el efectista eslogan del «no a la guerra». Se olvidan quienes ahora acusan a estadounidenses e israelíes de violar el derecho internacional de las veces que lo violó el régimen de los ayatolás sembrando el caos regional con su apoyo y financiación de todo movimiento terrorista, desde el Líbano a Yemen, pasando por Gaza e Irak. Una muestra más de su indignación selectiva.

La dimensión (inter)nacional del «no a la guerra»

El «no a la guerra» fue una campaña fomentada en los días previos a la invasión de Irak en el año 2003 que movilizó a la izquierda en contra del apoyo del Gobierno popular de José María Aznar a la Administración Bush. El malestar público lo recogió José Luis Rodríguez Zapatero, que propuso un modelo de política exterior Bambi basado en el poder blando, cuyas notas principales fueron una reducción del gasto militar, un antiatlantismo exacerbado, la defensa del multilateralismo y el aumento de la ayuda al desarrollo.

Iniciativas como la Alianza de las Civilizaciones, lanzada junto a Turquía, buscaban situar a España en el centro de la multipolaridad, desanclándola del eje euroatlántico para acercarse a nuevos actores relevantes como Brasil o China. El «no a la guerra» servía como credencial ante sus nuevos socios preferentes, mientras Estados Unidos continuaba siendo el principal garante de nuestra seguridad. Luego vendría el Grupo de Puebla, el foro político internacional que congrega a líderes progresistas de la talla de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Samper o el propio Rodríguez Zapatero.

Internamente, el «no a la guerra», convertido ya en el nuevo mantra del progresismo patrio, ha servido desde entonces al Partido Socialista para movilizar a sus bases y aglutinar el voto útil de la izquierda contra lo que denomina la fachosfera, esas derechas cargadas de testosterona que solo saben apoyar la ley del más fuerte.

Y claro está, el «no a la guerra» lo han instrumentalizado de nuevo, no contra Rusia, pues bajo sus ojos el pueblo ucraniano, por su atlantismo y europeísmo, no merece totalmente su piedad, sino a favor de Irán, cuyo régimen asesino es la quintaesencia de la oposición a Washington e Israel y, por lo tanto, mucho más cercano a su cosmovisión postoccidental.

Así, mientras la opositora al chavismo María Corina Machado se daba un baño de masas en Madrid, nuestro presidente, lejos de acompañarla, organizaba en Barcelona su propio festín, eso sí, pagado por el hijo de George Soros, denominado Movilización Progresista Mundial para, supuestamente, coordinar a nivel global respuestas contra la extrema derecha, el autoritarismo, la desinformación y la erosión del multilateralismo. Allí, Pedro Sánchez Pérez-Castejón compartió escenario con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el uruguayo Yamandú Orsi y el colombiano Gustavo Petro, además de Lula da Silva.

De modo que pudiera parecer que el «no a la guerra» encarnaría la quintaesencia de un giro en materia de política exterior, el reposicionamiento de España junto a potencias grandes y medianas revisionistas, empecinadas en acabar con el orden liberal internacional o, al menos, en reconvertirlo a favor de sus principios y valores nada liberales. En esencia, se trataría de renunciar a nuestras raíces clásicas, ilustradas y católicas para abrazar el multiculturalismo relativista y, por supuesto, como semejante viraje no se puede justificar sin perder el apoyo de la mayoría de la población, se disfraza con el «no a la guerra».

Pero semejante objetivo tan ambicioso no podría encararse sin una política exterior no solo bien diseñada, sino valiente y clara, y ya hemos explicado que este Gobierno no la tiene. Entonces, ¿qué hay realmente tras el «no a la guerra»?

La dimensión real del «no a la guerra»

Con la investigación abierta sobre el expresidente Rodríguez Zapatero, ya podemos hacernos una idea. Es cierto que, por unos instantes, semejante impulso hacia la multipolaridad podía hacernos dudar de la capacidad del actual Gobierno español, pero fue todo un espejismo, un juego de trilero para encubrir lo inconfesable, incluso a sus propios simpatizantes.

El auto del juez Calama imputa al expresidente Rodríguez Zapatero nada menos que por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Atrás quedan años de blanqueamiento del régimen chavista, negando toda evidencia en su contra. No era el único: todo un exvicepresidente, Pablo Iglesias, líder por entonces de Podemos y protegido de Rodríguez Zapatero, decía públicamente en un canal venezolano sentir pena por no poder vivir bajo un régimen como el chavista.

También queda atrás toda la labor de lobista a favor de empresas chinas como Huawei, Quick Laser y otras energéticas vinculadas supuestamente con el petróleo venezolano, junto con las presidencias del Consejo de Cooperación y Desarrollo Económicos UE-China o el think tank GATE Center, ambos organismos dedicados a la promoción de las relaciones económicas y empresariales entre Europa y China.

Y, sobre todo, atrás queda la institución del Grupo de Puebla, un foro político y académico de orientación progresista fundado en 2019 en la homónima ciudad mexicana. En su seno reúne a expresidentes, dirigentes políticos, intelectuales y juristas principalmente de América Latina y también de España y Portugal, como los presentes en Barcelona, más Dilma Rousseff, José Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Samper o el propio Rodríguez Zapatero. Aunque nació como un espacio de coordinación ideológica con especial hincapié en Iberoamérica, lo cierto es que ha servido para proteger de la presión internacional a regímenes como el venezolano, el cubano o el nicaragüense, al mismo tiempo que lanzaba acusaciones de lawfare contra los procesos judiciales que se han sucedido contra muchos de sus integrantes.

¿Por qué todo esto? ¿Qué puede tener que ver un expresidente español con todo tipo de autócratas y aspirantes a serlo, corruptos al servicio del narco o simples marionetas travestidas de progresismo? ¿Es que el objetivo es convertir a España en el narcoestado del sur de Europa? Al parecer es más sencillo que todo eso. Ya lo decía Quevedo, el poeta clásico, no el reguetonero: que poderoso caballero es don Dinero.

Estos líderes tienen en común haber convertido sus gobiernos en empresas particulares, familiares y mafiosas, donde los negocios son opacos y las recompensas generosas. Arrinconan el interés general de la nación mientras anuncian estar luchando contra poderes invisibles; la culpa de sus fracasos siempre es ajena.

Estos socios no piden explicaciones ni remiten a canales oficiales, son todo favores y puertas de atrás y así, mientras con la cara bien dura decimos estar luchando por los derechos del pueblo, con la mano bien extendida hacia atrás llenamos el bolsillo. Esto en Alemania, Canadá o Australia no se puede hacer: serías denunciado de inmediato; pero en el Brasil de Lula o en el Ecuador de Correa o en la Argentina de Kirchner, es el modus operandi habitual si formas parte de su círculo.

¿Y España qué?

El enriquecimiento personal de nuestros líderes a expensas del interés general ciudadano genera consecuencias nefastas para el conjunto de la nación. No hay más que ver el desempeño económico en particular y la gobernanza en general de estos regímenes. Economías estancadas o en retroceso, vulneración constante de los derechos y libertades básicas, criminalización de la oposición, intento de control de todos los poderes del Estado y de la prensa, empeoramiento de la seguridad ciudadana mientras la criminalidad va ganando terreno y así hasta convertir a sus países en sociedades quebradas por la corrupción y la impunidad, las hijas bastardas de todo despotismo.

No solo se trata, pues, de que determinados indeseables cometan algún que otro delito para enriquecerse. No. Es mucho más que eso, porque para que lo puedan hacer de forma sistemática, necesitan debilitar antes al Estado y a la sociedad. No es un suceso, no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso de paulatina degeneración democrática que institucionaliza la criminalidad de los poderosos.

Para los que piensen que esto no puede ocurrir aquí, ¿cómo si no explicar las constantes acusaciones de lawfare lanzadas desde nuestro Gobierno para negar su responsabilidad en la miríada de casos de corrupción que le afectan? ¿Cómo si no explicar el poco respeto mostrado por nuestro Gobierno al Congreso y al Senado, donde apenas comparece? ¿Cómo si no explicar la reforma impulsada por el Gobierno de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que la politiza aún más, convirtiendo a jueces y fiscales prácticamente en un brazo ejecutor de su voluntad? ¿Cómo si no explicar los constantes ataques del Gobierno a la prensa libre, calificada de «pseudomedios», por airear sus trapos sucios, mientras riega con dinero público a sus medios afines para difundir su narrativa? ¿Cómo si no explicar la disolución por parte de nuestro ministro del Interior de la unidad más exitosa en la lucha contra el crimen organizado, el OCON-Sur, mientras el narco no para de crecer y nuestros agentes de morir en servicio? ¿Cómo si no explicar el deterioro de nuestras infraestructuras, mientras nuestros ministros de Transportes o bien se pasan el tiempo entre orgías o bien tuiteando mensajes incendiarios? ¿Cómo si no explicar las constantes reformas de nuestro código penal para hacer desaparecer o atenuar delitos con tal de contentar a los socios que sostienen a este Gobierno? ¿Cómo si no…? Piensa un poco y se te ocurrirán muchas más preguntas sin necesidad de bajar a las cloacas.

Porque, en definitiva, esto es lo que se esconde tras el «no a la guerra»: no un cambio de rumbo exterior, sino interno; la deriva hacia el despotismo delictivo, el mismo que ha devorado multitud de democracias en otras regiones y que ahora amenaza con convertir a España en el paraíso de la prostitución, la droga y la corrupción, eso sí, todo bajo el hipócrita manto de la pulcritud moral.

Solo una cosa más: sirvan estos párrafos a la memoria de personas como Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo que murió asesinado, como tantas otras, por combatir esta deriva. Héroes y heroínas anónimos en la eterna lucha por una sociedad mejor, a los que nunca podremos agradecer suficientemente su sacrificio. Vuestra lucha debería ser la de todos.

El Dr. Pedro Francisco Ramos Josa es analista del Instituto para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria.