El mercado asume que la CNMC liberalizará en abril el negocio audiovisual de Telefónica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no tiene argumentos técnicos para mantener los vetos a Telefónica derivados de la compra de Digital+ al grupo Prisa en 2015. Así lo creen fuentes del sector consultadas por THE OBJECTIVE que indican que nada parece indicar -y en el sector se trabaja con este supuesto- que estas limitaciones se sigan manteniendo después de que expire la última prórroga de tres años establecida por el regulador en julio de 2020. Esto supone que, de facto, en pocos meses se liberalizará el negocio audiovisual de Telefónica férreamente regulado desde hace casi una década.

Estas mismas fuentes indican que el calendario establecido por la propia CNMC señala que la regulación prorrogada termina en abril de este año y que, sin un fallo del regulador, las condiciones expirarán y el negocio de televisión de Telefónica podría comenzar a operar sin las cláusulas establecidas hace ocho años ante el riesgo de convertirse en una plataforma dominante del mercado de la televisión de pago en España.

Lo único que haría cambiar esta situación sería un pronunciamiento formal de la CNMC en este sentido. Desde el regulador advierten a este diario de que la decisión debe ser tomada por el consejo y que cuando se tenga la resolución se comunicará públicamente. Esto invita a inferir que sí habrá una comunicación formal, aunque las fuentes consultadas insisten en que ya no hay ningún argumento técnico para seguir manteniendo estos vetos.

Condiciones de la CNMC

En 2015, Competencia estableció una serie de limitaciones al negocio audiovisual de Telefónica al entender que había un gran riesgo de concentración en el sector y que la nueva televisión que unificaba la plataforma de la operadora de telecomunicaciones con Digital+, no tenía competidor en el mercado de la televisión de pago en nuestro país. En este entendido, establecieron una serie de cláusulas temporales para la contratación de productos audiovisuales como películas o series o la adquisición de derechos deportivos.

Estos compromisos se dividieron en tres grandes categorías: relacionados con el mercado de televisión de pago en España; relativos a los mercados de comercialización mayorista de contenidos audiovisuales y de canales de televisión en España; y relacionados con el acceso a la red de internet de Telefónica. Desde entonces, la operadora tampoco puede empaquetar sus productos de telecomunicaciones con los audiovisuales de manera obligatoria ni bloquear comercialmente a su competencia. También debe facilitar el acceso a sus rivales a todos los productos audiovisuales adquiridos.

Sin embargo, ocho años después la situación es radicalmente distinta. Formalmente, Telefónica ya no es el operador dominante que era en el año 2015. Actualmente tiene 3,8 millones de abonados frente a los 1,4 millones de Vodafone y los 1,1 millones de Orange, pero está muy por debajo del peso de otras plataformas audiovisuales como Netflix con aproximadamente seis millones de clientes en España, Disney+ con otros tres millones o HBO con otros dos millones, según se calcula en el sector ya que las plataformas no están obligadas a dar públicamente sus datos.

Nuevas plataformas

Nuevos actores para un mercado de derechos audiovisuales que ha cambiado ostensiblemente. En 2020, la CNMC eliminó la cláusula que limitaba al contenido no deportivo premium en cuanto a la exclusividad, período de vigencia y período de explotación los contratos que la operadora podría suscribir para ese tipo de contenidos. La justificación fue que su poder de compra habría quedado erosionado por la irrupción de las nuevas plataformas como Netflix, Disney+, HBO o Prime Video.

Un nuevo mercado que también ha afectado a unos derechos deportivos que siguen siendo regulados para Telefónica. Desde 2019 Dazn puja por la compra de estos derechos y, de hecho, ha adquirido la mitad de la La Liga, Moto GP, la Fórmula 1, la Premier League y la Euroliga de baloncesto, deportes que antes estaban reservados exclusivamente para el otrora operador dominante. De esta manera, en la compra de los derechos de la liga española, Telefónica solo ha podido cerrar el contrato por tres años -y su competidor por cinco- debido a estos compromisos contraídos con la CNMC.

Es por ello por lo que en el sector se entiende que no tiene sentido que Telefónica siga teniendo vetos que otros competidores no tienen. En el caso de la obligación de tener que ofrecer una oferta mayorista, los expertos del sector consideran que el dinamismo del mercado por sí solo regula la adquisición de derechos y paquetes deportivos y no deportivos por lo que la existencia de esta limitación, y además a un operador que ya no es el dominante, tendría una difícil justificación por parte de la CNMC.

El futuro del veto

En 2020 el consejo del regulador justificó la renovación por tres años porque «persistían los riesgos para la competencia efectiva identificados en el marco inicial de la concentración y que la situación competitiva de los mercados afectados». Esta decisión se justificó porque Telefónica -según el regulador- «continúa teniendo poder de mercado en la TV de pago, así como el notable crecimiento de la proporción de clientes cuyos servicios de TV de pago están empaquetados con otros servicios de comunicaciones electrónicas».

Respecto de los paquetes empaquetados, la CNMC abrió en diciembre un expediente sancionador a Telefónica por incluir obligaciones de permanencia asociadas directa o indirectamente a los servicios de televisión de pago. Estos incumplimientos se detectaron en julio de 2021, por lo que los nuevos paquetes establecidos por Telefónica en mayo del año pasado, con opciones modulares y voluntarias, han eliminado todo rastro de este supuesto empaquetamiento de servicios. Por otro lado, el mercado de las telecomunicaciones actual tiene varias decenas de opciones de productos convergentes, que dejan a Telefónica sin ningún tipo de riesgo de monopolio.

En cualquier caso, las fuentes consultadas por este diario advierten de que los vetos se retirarán y que probablemente la CNMC solo establezca mecanismos de control y supervisión para asegurarse que se siga manteniendo su espíritu, pero ya sin ningún tipo de obligatoriedad en el cumplimiento como ha venido siendo hasta ahora. Sería una suerte de control habitual que el regulador realiza habitualmente cuando quita ciertas obligaciones a determinados actores del mercado.