El 17% de los casos sospechosos de blanqueo detectados por notarios acaba en el Sepblac
El Gobierno pretende anular esta herramienta antiblanqueo que combate la corrupción
Santos Cerdán junto a José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo.
Entre un 16% y 17% de los casos sospechosos que detecta el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), creado y gestionado por el Consejo General del Notariado, acaba en el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), la Unidad de Inteligencia Financiera y principal autoridad supervisora de España en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De ellos, el 80% llega a un juez.
Se trata de un organismo creado hace más de 20 años y que dispone del Índice Único Informatizado con datos cruzados de 47 millones de personas físicas, entre ellas 50.000 políticos y allegados. La OCP es el organismo encargado de auditar la actividad notarial en España para localizar a los beneficiarios efectivos de operaciones societarias e inmobiliarias. Al analizar estos expedientes, la entidad filtra operaciones sospechosas y las traslada a las Fuerzas de Seguridad, una dinámica que ha sido clave para destapar casos de corrupción que afectan a nombres como Santos Cerdán, Julio Martínez o Rodríguez Zapatero.
Cientos de ‘operaciones dormidas’
El 80% de las operaciones restantes que resultan sospechosas para la OCP, pero que no se envían al Sepblac, no se descartan. Pasan, tal y como apuntan fuentes del organismo a THE OBJECTIVE, a la nevera. Es decir, pasan a ser ‘operaciones dormidas’ que pueden ‘despertarse’ en cualquier momento si sus titulares vuelven a hacer movimientos sospechosos. El objetivo es ofrecer al Sepblac los expedientes más contundentes con el fin de no saturarlo más.
De las operaciones críticas que acaban en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el 25% suelen estar relacionadas con inmuebles, otro 25% con valores, un 15% con sociedades y el resto con otro tipo de operaciones como poderes o préstamos. Sin embargo, la detección de irregularidades en operaciones relacionadas con valores de empresas está en peligro, tal y como aseguran los notarios.
Herramienta clave en peligro
El Consejo General del Notariado ha advertido que, a pesar de compartir los objetivos anticorrupción del anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, ciertos cambios en la transmisión de participaciones de sociedades limitadas podrían comprometer la prevención del fraude. La nueva norma plantea sustituir la obligatoriedad de la escritura pública notarial por documentos privados con firma digital registrados directamente en el Registro Mercantil.
Los notarios señalan que esta reforma elimina el control de legalidad previo, un pilar fundamental de la seguridad jurídica preventiva. Al suprimir la intervención notarial, se pierde un filtro esencial para identificar a los intervinientes y validar la legalidad de la operación, lo que, según el colectivo, dejaría la puerta abierta al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude fiscal. Además, esta centralización de la verificación en el Registro Mercantil implicaría un aumento de costes para las empresas y una pérdida de eficacia en la detección de irregularidades.
Creado hace 20 años por Solbes
La Orden Ministerial EHA/2963/2005, dictada en septiembre de 2005 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y con Pedro Solbes como ministro, encomendó al Consejo General del Notariado la creación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP). Su objetivo principal fue fortalecer la cooperación notarial en la lucha contra el blanqueo de capitales, dotando a las autoridades judiciales y policiales de mecanismos de control más eficaces. La OCP se ha convertido en una pieza fundamental para identificar a los beneficiarios finales de sociedades mercantiles en España, gracias a su Base de Datos de Titularidad Real (BDTR).
Esta capacidad de escrutinio, sumada al Índice Único Informatizado —que permite trazar cualquier operación suscrita ante notario—, ha dotado a la UDEF y a la UCO de herramientas determinantes para avanzar en investigaciones por corrupción. Esta labor de fiscalización ha permitido arrojar luz sobre operaciones complejas vinculadas a sociedades como Forestalia, Servinabar y Análisis Relevante. El análisis documental realizado por el OCP ha facilitado, por ejemplo, la identificación de los investigados Santos Cerdán, Antxon Alonso y Julio Julito Martínez Martínez, señalados en los expedientes como presuntos cooperadores necesarios en la manipulación de diversos concursos públicos.