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Indignación en el CGPJ por los elegidos de Sánchez para el TC: «Es de república bananera»

Vocales del órgano de gobierno de los jueces tachan de «inaceptable» la «politización» de los candidatos de Moncloa: «Son agentes gubernamentales»

Indignación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con los dos candidatos elegidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el Tribunal Constitucional (TC). Vocales del órgano de gobierno de los jueces tachan de «inaceptable» la decisión de Moncloa de designar a dos personas que ocupaban altos cargos en el propio Gobierno hasta hace tan solo unos meses: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

«Son dos nombramientos lamentables, propios de un país tercermundista o de una república bananera», indica un miembro del sector crítico del CGPJ en declaraciones a THE OBJECTIVE. «El problema no es que el Gobierno haya nombrado a sus dos candidatos para el TC sin esperarnos, sino que las personas elegidas son agentes gubernamentales. Uno que formaba parte del propio Consejo de Ministros y otra que trabajaba como ‘fontanera’ en Moncloa y ahora ocupa un cargo como asesora de la Generalitat de Cataluña», añade.

Se trata de un malestar compartido por otros de los ocho vocales del CGPJ, a los que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, señaló hasta en tres ocasiones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Moncloa les acusa de bloquear la renovación del tribunal de garantías y les responsabiliza, indirectamente, de haber tenido que nombrar a sus dos candidatos al TC sin esperar a que el CGPJ designe a los otros dos que deben sustituir a los cuatro magistrados cuyo mandato caducó el pasado mes de junio. 

Politización «inaceptable» del TC

Las críticas desde el órgano de gobierno de los jueces se dirigen hacia los perfiles elegidos. Nunca antes un Gobierno había propuesto como candidatos al tribunal de garantías a dos personas que habían formado parte del propio Ejecutivo durante la misma legislatura en la que se ha producido su designación. Otro de los vocales del sector crítico del CGPJ cree que «el grado de politización» que conllevan los nombramientos de Sánchez para el TC es «inaceptable». Y lo compara con la designación de Dolores Delgado como fiscal general del Estado en 2020, un cargo en el que aterrizó procedente, y sin escalas, desde el Ministerio de Justicia. «Creía que ya habíamos aprendido con lo de Delgado, pero veo que no», señala.

Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional, se despidió de Moncloa el pasado mes de abril para pasar a ocupar la vicepresidencia del Consejo General de Garantías Estatutarias de Cataluña tras un pacto entre ERC, PSC y Junts. Durante su etapa en el Gobierno, trabajó como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras haber pasado por el puesto de directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Por su parte, Juan Carlos Campo cesó como ministro de Justicia en julio de 2021 –tras el indulto a los líderes del procés– para volver a ejercer como magistrado en la Audiencia Nacional.

«Consideramos que son dos perfiles absolutamente idóneos. Pocas personas tienen un conocimiento tan amplio de la Administración desde distintos puestos», señaló ayer el ministro Bolaños durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además de defender la legalidad de su nombramiento, el ministro defendió la trayectoria de Campo y Díez y dijo estar «convencido» de que harán su labor «con rigor» y «con vocación de servicio público».

Frenazo a Sánchez

Tras meses de amenazas, el Gobierno decidió proponer este martes a Díez y Campo sin esperar a que el CGPJ designe a los dos candidatos al TC que le corresponden por cuota. Moncloa asegura que sus aspirantes pueden tomar posesión como magistrados del tribunal de garantías en sustitución del actual presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y del magistrado Antonio Narváez, cuyo mandato caducó el pasado mes de junio. Sin embargo, se trata de una maniobra de dudoso encaje constitucional, según diversos juristas, ya que la Constitución Española establece que los doce magistrados del tribunal de garantías deben renovarse por tercios (grupos de cuatro) cada tres años.

La actual renovación corresponde a partes iguales al CGPJ y del Gobierno, y debería realizarse de forma simultánea, según fuentes del TC consultadas por este diario. De ahí que el tribunal de garantías haya puesto freno al nombramiento de los candidatos propuestos por Sánchez. El TC ha optado por aplazar el nombramiento de los dos aspirantes del Gobierno para dar tiempo a que el CGPJ designe a los otros dos.

Cuando reciba el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se designa a Campo y Díez como candidatos, el TC dará traslado del mismo por carta al CGPJ para que este a su vez proceda a nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías. Pero lo hará sin fijar plazos ni apresurar al órgano de gobierno de los jueces, según informan fuentes del tribunal de garantías. El Pleno del TC debe hacer un examen de idoneidad para comprobar que los nominados cumplen los requisitos legales para ser magistrado del Constitucional: ser español y juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional.

¿Renovación antes de Navidad?

En el tribunal de garantías esperan que el CGPJ pueda acometer sus dos nombramientos en el Pleno del próximo 22 de diciembre. Hasta entonces no se procederá a examinar la idoneidad de los aspirantes propuestos por Moncloa. Sin embargo, desde el órgano de gobierno de los jueces se advierte de que los nombramientos efectuados por el Gobierno de Sánchez pueden entorpecer las negociaciones entre los vocales conservadores y progresistas para consensuar sus dos candidatos.

«Estamos ahora ante un contexto distinto», indican fuentes del CGPJ. La comisión negociadora designada por los sectores conservador y progresista tiene previsto reunirse este miércoles. Se esperaba cerrar un acuerdo para nombrar a los dos magistrados que le corresponde al CGPJ antes del Pleno del 22 de diciembre. Ahora la posibilidad de cerrar un pacto antes de Navidad se empieza a poner en duda.

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