Un testigo del caso Ábalos lanza un aviso a navegantes dirigido al líder del fuel

El escenario judicial que rodea al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dejado de ser un compartimento estanco para transformarse en un vaso comunicante con una de las mayores tramas de corrupción económica de la última década. Lo que en un principio pareció una declaración rutinaria ante el Tribunal Supremo se ha convertido, tras un análisis pormenorizado, en un auténtico «aviso a navegantes». El financiero Manel Sallés, figura tangencial pero depositaria de secretos explosivos, ha lanzado un dardo envenenado que apunta directamente a la línea de flotación del sector de los hidrocarburos y su oscura relación con el poder político.

Manel Sallés no es un testigo cualquiera. Su relevancia no reside solo en su conocimiento de los balances contables, sino en su posición estratégica como auditor de la mercantil Gaslow. Bajo el mandato del magistrado Santiago Pedraz en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Sallés se prepara para una comparecencia que promete ser sísmica el próximo 28 de abril. Su intención es clara: colaborar. Pero su colaboración no es un acto de contrición desinteresado, sino el resultado de haber sido el primero en detectar las grietas en el muro de Gaslow. Fue él quien, tras advertir irregularidades sistémicas, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, judicializando un caso que inicialmente se tasó en un fraude de 30 millones de euros en un solo ejercicio, pero que, según avanzan las pesquisas, ha mutado en una cifra astronómica que no deja de crecer.

La sombra de Claudio Rivas

El nombre que sobrevuela cada párrafo de esta investigación es el de Claudio Rivas, el líder de la trama de fuel y cerebro detrás de la operadora Villafuel. La conexión entre el dinero negro del combustible y las prebendas políticas encuentra su punto más gráfico en la urbanización La Alcaidesa, Cádiz. Actualmente, se juzga si Rivas fue el «mecenas» que regaló un lujoso chalé allí situado a José Luis Ábalos como contraprestación por un favor administrativo de valor incalculable: la concesión de la licencia de operadora de hidrocarburos. Este intercambio de favores sitúa a Rivas no solo como un presunto defraudador fiscal, sino como un corruptor de estructuras estatales. La magnitud del fraude vinculado a sus operaciones, especialmente a través de Villafuel, se eleva ya a los 215 millones de euros en concepto de IVA no pagado. Es un esquema de «gasolineras low cost» que se alimentaba del impago sistemático de impuestos, permitiendo a la red amasar una gran fortuna.

La confesión de Rivas a Sallés apunta a un pago todavía más específico y vergonzoso: 500.000 euros. El empresario Claudio Rivas le habría confesado el pago de esta suma al denominado «grupo acelerador», una estructura de intermediación desvelada por THE OBJECTIVE que funcionaba como una suerte de «llave maestra» para abrir las puertas del Gobierno. Este grupo no operaba en el vacío. Su función era la de un lobby en la sombra que garantizaba que las licencias no se estancaran en la burocracia administrativa. Para Rivas, el medio millón de euros era una «tasa de velocidad» necesaria para que Villafuel pudiera operar sin trabas. En el centro de esta logística de pagos aparece otro nombre recurrente en los informes de la UCO: Israel Pilar, presidente de Sortis SL, quien habría actuado como el canalizador del flujo monetario.

El «grupo acelerador» operaba con una voracidad mercantil pasmosa, cobrando comisiones de entre el 15% y el 20% por la adjudicación de obra pública y contratos gubernamentales. Era una maquinaria perfectamente engrasada en la que cada pieza tenía su función: unos defraudaban al fisco, otros cobraban por el acceso al BOE y otros, como Koldo, servían de puente entre ambos mundos. La próxima declaración ante el juez Pedraz marcará un punto de inflexión. Si Sallés decide ratificar y ampliar los detalles sobre el papel de Rivas y los pagos al «entramado acelerador», el caso Ábalos podría dejar de ser una investigación sobre mascarillas para convertirse en el gran proceso sobre la corrupción energética en España.