Las pruebas clave contra la cúpula de Interior de Rajoy pierden fuerza antes de su declaración

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuese su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, se enfrentarán esta semana al interrogatorio del juicio por el caso Kitchen, celebrado por la Audiencia Nacional desde hace más de un mes. La cúpula del Ministerio durante la época de Mariano Rajoy se enfrenta a penas de prisión de hasta 15 años por supuestamente orquestar una operación policial ilegal para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su entorno familiar información comprometedora sobre el partido y sus entonces dirigentes relacionados con la contabilidad B. 

Fernández Díaz y Martínez se sentarán en el banquillo, posiblemente con algo más de optimismo que semanas atrás, después de que gran parte de las pruebas clave contra ellos, sobre todo en el caso del exministro, hayan perdido fuerza en las últimas sesiones del juicio por las declaraciones de distintos testigos que han desmarcado de la operación Kitchen a ambos expolíticos. En el caso de Fernández Díaz, la principal prueba contra él es un SMS de su ex número dos protocolizada ante dos notarios y que demostraría que estaba al tanto del operativo después de que lo negase en una entrevista en junio de 2019, tras el estallido del caso. Pese a ello, han sido hasta tres expertos los que han restado veracidad a esos mensajes.

La declaración de los notarios y el perito

En primer lugar, los propios notarios a los que Francisco Martínez acudió. En su declaración como testigos ante el tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, ambos apuntaron a que no podía acreditarse que el exministro hubiera enviado esos mensajes, habida cuenta de que no era posible comprobar la huella digital de los mismos y, por tanto, si el emisor había sido el entonces teléfono del titular de Interior. «En el acta de presencia no nos podemos extender sobre hechos cuya constancia requiera conocimientos periciales», precisaron estos profesionales. Posteriormente, un perito, propuesto por Fernández Díaz, apuntó en la misma dirección.

A preguntas de las partes, el experto puso en duda la autenticidad de los mensajes y repitió que «era imposible acreditar» que fueran enviados por el exministro. El perito explicó que «todo parec[ía] indicar que esto no está bien […], hay elevados indicios de que hay algún tipo de manipulación», apuntando para ello a varias «incongruencias», especialmente a que los pantallazos que aparecen en las actas notariales no tienen la misma morfología o el mismo aspecto, incluidos dos mensajes que aparecen en el mismo acta y supuestamente provenían del mismo terminal.

Las cinco versiones de El Gordo

Otra de las piezas claves en las que la Fiscalía basa la acusación contra la cúpula de Interior y altos mandos de la Policía, entre ellos, el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, es la declaración en la fase de instrucción de uno de los acusados, el comisario Enrique García Castaño, más conocido como El Gordo. El jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que estuvo al frente de las vigilancias sin autorización judicial al entorno de Bárcenas, confesó su participación en la trama y apuntó hacia el Ministerio del Interior. Debido a su delicado estado de salud, este mando policial ha evitado sentarse en el banquillo y tampoco ha sido llamado como testigo en el juicio. 

En cualquier caso, el testimonio y la documentación que aportó al caso siguen siendo cruciales para mantener los cargos contra el exministro y su ex número dos. Por este motivo, durante la última semana, la sala ha reproducido el contenido íntegro de la declaración de García Castaño, tanto a petición del Ministerio Público como de las defensas, que insisten en que la versión del comisario no se mantiene, habida cuenta de que ha cambiado hasta en seis ocasiones de parecer sobre los hechos que se enjuician. Y solo la última, advierten fuentes jurídicas, es la que implica a Fernández Díaz y Martínez.

En enero de 2019, cuando se sentó por primera vez ante los investigadores, El Gordo negó las irregularidades. Posteriormente, admitió la captación del chófer de Luis Bárcenas para robarle información sensible del PP y la participación de agentes de la UCAO para hacer vigilancias a la familia del extesorero, pero siempre bajo el paraguas de la legalidad. En otra declaración, finalmente, en marzo de 2019, admitiría que la misión estaba orquestada por el Ministerio del Interior y tenía como objetivo robarle discos duros sobre la financiación del PP. Un objetivo completado, según declaró Bárcenas, porque tras su salida de prisión, le fue sustraído todo el material que guardaba y que supuestamente implicaba al expresidente Mariano Rajoy sobre la caja B del partido.

El encargo de Martínez y un ordenador

Entre las incoherencias de sus declaraciones también destaca el supuesto encargo que García Castaño recibió por parte del ex secretario de Estado de Seguridad para poner en marcha la operación parapolicial. En su declaración en marzo de 2019, el jefe de la UCAO señala que Francisco Martínez le ordenó directamente «localizar discos duros, contabilidad y material relacionado con Bárcenas», pero que no «cumplió el encargo porque no encontró la información buscada». Siete meses después, en octubre, no obstante, Martínez declaró que recibió todo el material obtenido del volcado de dispositivos de Bárcenas en un pendrive en su despacho. Una tarea para la que se le instaló un programa en el ordenador en su despacho, al que fue acompañado, primero con un supuesto agente y, posteriormente, según corrigió, con otros dos distintos.

Esta sucesión de hechos fue desmentida por todos los citados funcionarios policiales durante el juicio. En su declaración, ambos policías, integrados en la UCAO, admitieron que acudieron a verse con el secretario de Estado en fechas posteriores al volcado de los teléfonos de Luis Bárcenas, pero por una cuestión totalmente distinta y que no guardaba relación con el caso Kitchen. «Creo recordar que estuve allí al menos dos veces […]. Había un problema con un indexador y se le entregó un portátil por información no relevante para este caso […]. Era un problema con el idioma», explicó el agente Adriano Culebras. «Fuimos por un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Había problemas con un buscador», señaló poco después el agente Emiliano Burdiel.

En la misma línea, una semana antes, en la cuarta sesión del juicio, el comisario Mariano Hervás, quien fuera el número dos de la UCAO y al cargo de las vigilancias a la mujer de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, confirmó también que él también acudió a las dependencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero «por una operación que estaba bajo secreto». Había que analizar millones de datos del extranjero y para esto [llevaron] el ordenador». Los policías Hervás, Burdiel y Culebras desmintieron así lo señalado por El Gordo.

Dudas sobre el informe clave del caso

El agente Culebras, por otro lado, también sembró numerosas dudas sobre otro documento clave para la causa. El informe que incluye el volcado parcial de los teléfonos de Bárcenas que le fueron sustraídos y que el comisario García Castaño entregó a la Fiscalía Anticorrupción en formato papel. El citado policía, que fue el encargado de cumplir con esa misión en octubre de 2013, explicó ante el tribunal cómo hizo el volcado, procesado y extracción de la información que había en los dispositivos. 

Después, según dijo, generó «un caso portable y un PDF» donde guardó todo el material que entregó a su superior, Emiliano Burdiel, que a su vez se lo entregó a García Castaño. En ese punto, el representante del Ministerio Público preguntó al policía si el PDF que obraba en la causa coincidía con el de los teléfonos extraídos que él mismo había hecho.

«Falta mucha información relevante»

«Puede ser parte parcial del informe en PDF. El formato es compatible con una extracción de Cellebrite [una herramienta israelí utilizada por los investigadores policiales para el volcado de teléfonos] en su versión PDF. Pueden ser trozos del informe que se extrajo con la herramienta técnica. ¿Cuál es el problema? No puedo garantizarlo, ni nadie puede hacerlo, porque no es técnicamente posible. Eso solo se puede hacer con el caso portable, con el dispositivo original», respondió Adriano Culebras. Al parecer, según explicó este funcionario, al tratarse de un informe en papel, conocer su trazabilidad es imposible. «Ha podido ser manipulado, hecho desde cero o puede ser el original».

Ante las dudas que generó en la sala, al tratarse de un tema tan técnico, la magistrada Teresa Palacios interrumpió al testigo y le preguntó de nuevo para aclarar el asunto. «¿Este formato impide comprobar que sea la extracción que realizó?». El agente explicó que «[era] imposible garantizar la integridad del contenido. El informe tiene esa forma en el formato PDF. Impreso y en papel es imposible garantizar la integridad: que esté manipulado o esté hecho desde cero. Pueden faltar páginas, que se hayan cambiado fechas…» del informe de 64 páginas. Culebras añadió que el volcado de una extracción suele tener miles de folios.

La versión del inspector Morocho

Frente a estas versiones, otros agentes sí han declarado en sede judicial que recibieron la orden de hacer vigilancias al entorno de Luis Bárcenas, en unos casos porque los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que investigaban al excontable del PP por el caso Gürtel, no encontraban el dinero que tenía oculto en el extranjero y debían seguir el rastro de presuntos testaferros; y en otros, porque la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, estaba en peligro. Para la Fiscalía, la prueba fundamental de la existencia de la operación parapolicial es que en ningún momento el juez instructor de la trama Gürtel, el fiscal ni el inspector jefe a cargo de las pesquisas pidieron realizar esos seguimientos, ni pidieron permiso para ello.

En la misma línea que defiende la Fiscalía, el jefe policial de la trama, Manuel Morocho, denunció sin cortapisas en el juicio que el grupo de mandos policiales —que también declararán como acusados en los próximos días— se organizó no solo para espiar ilegalmente a la familia Bárcenas, sino que, mientras tanto, intentó torpedear la investigación echando por tierra sus informes y presionaron para que nombres de cargos públicos no aparecieran en el caso. Preguntado por este extremo, Morocho aseguró que recibió órdenes en «reuniones» con esos superiores para que en los anexos de los dosieres sobre los papeles de Bárcenas no apareciese el expresidente Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o su exmarido, Ignacio López del Hierro.