La UE busca un enclave exterior para enviar a los solicitantes de asilo rechazados

Europa se adentra en una nueva fase migratoria. Los ministros responsables de extranjería se reúnen esta semana en Moldavia para debatir la creación de un hub externo al que enviar a los solicitantes de asilo cuyas peticiones han sido rechazadas, una discusión impensable hasta hace apenas unos años. Ya no se trata únicamente de controlar fronteras o acelerar deportaciones, sino de ver hasta dónde están dispuestos los Gobiernos de la UE a reinterpretar el derecho internacional y los derechos humanos para frenar la inmigración irregular.

Estos enclaves fuera de la Unión serán el lugar donde los inmigrantes ilegales tendrán que esperar a que terminen los trámites administrativos para su expulsión definitiva. El hecho de que se estén debatiendo marca un antes y un después en la política europea, que, por primera vez, acepta la idea de trasladar personas a terceros países hasta completar su deportación, fórmula que investigan desde hace tiempo países como Dinamarca, Austria, Italia, Países Bajos y Reino Unido —su acuerdo con Ruanda fue tumbado por los tribunales en 2023—.

Reinterpretar el Convenio de Derechos Humanos

Tal y como ha revelado a inicios de esta semana el diario británico The Guardian, varios de los ministros que acuden a la capital moldava quieren reinterpretar el Convenio Europeo de Derechos Humanos para limitar la capacidad de los inmigrantes de recurrir su expulsión. Hasta la fecha, conceptos como la reunificación familiar o la defensa de los derechos humanos han sido frecuentemente invocados. Estas conversaciones han sido confirmadas por el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, al que cita la cabecera de Londres, avanzando que se firmará una declaración conjunta que reforzará el derecho de los Estados a controlar sus fronteras.

«La discusión sobre los centros es un elemento importante», ha declarado Berset al Guardian. «Todos sabemos que es una cuestión que se ha debatido en diferentes países, pero ahora se hará de forma multilateral. Esto es un avance, en el sentido de que somos capaces de abordar elementos políticos que antes se hacían a nivel nacional. Ahora tendremos que ver cómo es posible implementarlos», ha añadido, matizando que es «importante» que los inmigrantes expulsados «desde suelo europeo» sigan protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, asunto por el que se preocupan estos días las asociaciones humanitarias, muy críticas con esta alternativa que toman los 27.

Así las cosas, ya se han llevado a cabo los primeros avances en esta línea: la UE aprobó en marzo la posibilidad de crear estos hubs externos y, para ello, empezó a negociar con Ghana, Senegal, Túnez y Egipto para convertirse en posibles receptores de inmigrantes.

Inmigrantes expulsados de la UE… que no se van

Cada año, cientos de miles de inmigrantes reciben la orden de abandonar la UE, aunque menos de la mitad lo hacen realmente. Por eso, el pasado marzo, la Eurocámara dio luz verde a la controvertida propuesta de los hubs externos para ponerle coto, con 389 votos a favor de las medidas —206 parlamentarios no lo hicieron—, entre las que se encuentran que quienes se nieguen a ser reubicados en estos «centros de retorno» se enfrentarán a duras sanciones, incluyendo la detención y la prohibición de entrada.

La Unión Europea está ultimando una nueva legislación migratoria, el Reglamento de Retorno, cuyo objetivo es facilitar la expulsión de irregulares, bien hacia sus países de origen o hacia terceros estados. La norma supone un cambio importante en la política migratoria europea, ya que amplía las posibilidades de arresto, duraciones más largas e incluso la posibilidad de detención de niños y familias enteras, algo que hasta la fecha no era más que un último recurso para casos muy específicos.

Los centros de inmigrantes suelen estar dentro de las fronteras comunitarias, por lo que con esta nueva medida los 27 dejan de controlar que ocurre dentro de estos hubs una vez salgan de los límites territoriales de la UE. La Comisión Europea asegura que esta «solución innovadora» respetará los derechos fundamentales, pero diversas organizaciones humanitarias lo ponen en cuestión: «Estos lugares podrían convertirse en agujeros negros de derechos humanos debido a la dificultad de supervisar posibles abusos», advierte Michael O’Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, una organización internacional creada en 1949 con sede en Estrasburgo.

España como excepción europea

Una encuesta de 40dB publicada en mayo reflejaba que el 60% de los españoles considera que hay «demasiados inmigrantes» en el país, aunque la sociedad sigue dividida sobre las regularizaciones. Sabedores del coste electoral que puede suponer, la mayoría de Gobiernos europeos comienzan a tomar medidas. No así el de Pedro Sánchez, que la prensa internacional ya señala como la «gran anomalía europea» en materia de inmigración o, como lo describe el Financial Times, una especie de «experimento migratorio». La agencia de noticias Reuters recordaba esta semana que más del 20% de la población de España ya ha nacido en el extranjero; son más de diez millones de inmigrantes que ayudan a suplir puestos de trabajo de baja cualificación, pero que generan otro tipo de problemáticas, como la saturación de las colas de la seguridad social o las de acceso a una vivienda en las grandes capitales.

Si bien se menciona que sectores como la agricultura y la hostelería se basan en la fuerza laboral de los inmigrantes, en el extranjero ya comienza a destacarse que la vivienda y los servicios públicos empiezan a resentirse por este boom poblacional.