Las enfermedades de salud mental cuestan a España 60.000 millones al año, el 4,2% del PIB

Los problemas derivados de las enfermedades de salud mental tienen un gran impacto social, pero también económico en la economía de los Estados. Según las estimaciones de la OCDE, el coste total de los problemas de salud mental representa el 4% del PIB en los países de la UE distribuidos en 190.000 millones de euros de gasto directo en asistencia sanitaria, 170.000 millones de euros en programas de seguridad social y aproximadamente 240.000 millones de euros de costes indirectos para el mercado laboral debido a la reducción del empleo y de la disminución de la productividad laboral. En España se estima un coste de los problemas de salud mental, equivalente al 4,2 por 100 del PIB, unos 60.000 millones al año.

Son datos del Consejo Económico y Social de España (CES) que ha presentado su informe sobre el estado actual del Sistema Nacional de Salud, haciendo especial hincapié en la «preocupante» situación de la salud mental en nuestros días, que se suma a «la insuficiencia de los dispositivos públicos existentes para su correcta atención».

De esta forma, según el máximo órgano asesor del Gobierno en materia sociolaboral, los problemas de salud mental constituyen la segunda causa de baja laboral, temporal y permanente, después de las enfermedades osteomusculares. En palabras de su presidente, Antón Costas, estos datos «emergen como una realidad preocupante»; por ello, Costas considera «prioritario» el abordaje de estas enfermedades.

Cuatro de cada diez personas sufren algún trastorno mental

Según el informe, con datos del SNS 2022, en España casi cuatro de cada 10 personas padece algún trastorno de salud mental: el 37% de la población, proporción que aumenta al 75% entre las personas de 75 y más años, con un predominio de mujeres. En este sentido, el Consejo Económico y Social de España hace hincapié en la «clara huella» que dejó la pandemia del coronavirus en el bienestar emocional de la población. De acuerdo con los datos sobre la salud mental recabados por el CIS en febrero de 2021, el 42% 100 de las personas encuestadas «ha tenido problemas de sueño», el 52% reconoció «sentirse cansado o con pocas energías» y el 23% ha sentido «miedo a morir debido al coronavirus». Además, el 16% ha experimentado uno o más ataques de pánico.

A ello hay que añadir el preocupante número de fallecimientos por suicidio, que en 2022, según los datos aportados por el Observatorio del suicidio en España, asciende a 4.097, lo que implica una media de 11,2 personas al día y un aumento del 2,3% con respecto a 2021, siendo mayoría los hombres, que representan el 74% frente al 26 por 100 de mujeres.

Falta de personal especializado

El informe también aborda la escasez de personal especializado. Así, España solo cuenta con diez psiquiatras por cada 100.000 habitantes, tasa inferior a la media de UE, y muy inferior a la de algunos países como Alemania, Bélgica o Polonia.

Sin embargo, a pesar de la importancia de los datos epidemiológicos, y sus implicaciones en los ámbitos del bienestar y la economía, la salud mental recaba una porción reducida de los recursos del sistema en términos de personal especializado, contando con 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, tasa inferior a la media de UE, y muy inferior a la de algunos países como Austria o Suecia, que tienen 22 psiquiatras por cada 100.000 personas; Francia llega hasta los 23; Noruega, hasta 26; y Alemania tiene 28 profesionales por cada 100.000 habitantes.

En este contexto, hay que destacar el incremento de las consultas en Atención Especializada (psiquiatría) a lo largo de la última década. El estudio del CES muestra como se ha pasado de 13.711 consultas en 2010 a 26.033 en 2021, es decir, que la actividad de consulta casi se ha duplicado en ese periodo. Así, como consecuencia de la «insuficiencia» de los recursos destinados a la atención a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud, desde este órgano asesor del Gobierno, destaca que el sector privado ha experimentado un auge en este área asistencial, de modo que ocho de cada diez consultas en psiquiatría se realizan en ese sector mientras que el sistema público responde solo de dos de cada diez. En 2021 –últimos datos registrados–, el 77% de las consultas tuvieron lugar en el sector privado, frene al 23% que tuvieron lugar en el sector público.

«Esta distribución de la actividad total, que implica gasto para la mayoría de los pacientes, puede resultar en una situación de cuidados inversos, recibiendo menos atención quienes más los necesitan, toda vez que los segmentos con menos recursos económicos son precisamente los más expuestos al riesgo de padecer problemas de salud mental», hacen hincapié desde este órgano asesor del Gobierno.

España, líder mundial en el consumo de ansiolíticos

Así las cosas, una de las dimensiones de seguridad que sin duda más llama la atención es la relacionada con la prescripción y uso de medicamentos. Y es que España es líder mundial en el consumo de benzodiazepinas, que son los medicamentos tranquilizantes o inductores del sueño más utilizados en la práctica clínica.

A pesar que entre 2014 y 2017 se produjo una reducción en el consumo de este tipo de medicamentos en mayores de 65 (se paso de un 11,53% a un 9,56%), a partir de 2018 se aprecia un repunte considerable: 2018 (11,3%), 2019 (11,54%), 2020 (11,1%) y 2021 (12,97%). El incremento de casi dos puntos porcentuales en los dos últimos años para los que se tienen registros hace que 2021 sea el ejercicio con el consumo más elevado de benzodiazepinas de la serie. 

Además, el CES también destaca que su consumo es mucho mayor —prácticamente el doble— en mujeres que en hombres mayores de 65 años. Así, si en 2021 un 8,63% de hombres habían consumido este tipo de medicamentos, el porcentaje se eleva al 16,2% cuando se trata de mujeres. De esta forma, desde el organismo concluyen en los riesgos que estas personas pueden sufrir como consecuencia del uso prolongado de este tipo de fármacos por su potencial adictivo y por la eficacia y seguridad de estos: «Las personas mayores de 65 años pueden sufrir deterioro en el funcionamiento cognitivo, reducción de la movilidad, mayor riesgo de caídas que pueden agravarse con los tratamientos prolongados».